CHILE.- El director de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile (ANCPCH), Milko Caracciolo, ahondó en la necesidad de una Ley de Puerto que fije un impuesto territorial. La normativa, dijo, se debe trabajar en coordinación con todos los actores sociales, de gobierno e industriales.
En los últimos años el comercio exterior ha tenido crecimientos importantes. El Banco Central de Chile, informó que, en el segundo trimestre del año 2024, las exportaciones chilenas totalizaron US$24.410 millones, lo que significó un aumento de 6,6% respecto del mismo período del año anterior, cifras que traen consigo pensar en la posibilidad de una expansión portuaria de crecimiento sostenible para el territorio nacional.
El director de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero (ANCPCH), Milko Caracciolo, ahondó en el tema y precisó que los desafíos del mundo portuario en Chile están centrados en “ampliar la capacidad de los puertos”. “El crecimiento no debe afectar a las ciudades ni a sus habitantes. Debe existir el equilibrio entre el crecimiento portuario y la calidad de vida”, manifestó.
Para lograr que la convivencia entre el puerto y la ciudad sea armónica, Caracciolo aseveró que deben existir motivaciones y, en este sentido, “ el impuesto territorial es fundamental para la justicia social y crecimiento sostenible. Se debe lograr una mixtura entre la ciudad y la industria portuaria donde el respeto sea clave para impulsar una industria pujante y moderna”.
LEY DE PUERTO.
El avance, afirmó Caracciolo, está en la Ley de Puerto. “ Vemos con preocupación la dilatación de las discusiones con todos los actores de la cadena logística de los puertos de Chile para impulsar una ley que represente no solo los intereses de la industria sino también de las ciudades y sus habitantes. Nuestra Asociación ha señalado que el diálogo debe ser productivo y con todos los actores, principalmente, de los gobiernos locales, y los trabajadores y trabajadoras portuarios. Todos son una pieza clave para avanzar”.
Asimismo, recalcó “ la participación ciudadana informada es fundamental para la creación de una ley marco donde principalmente los intereses de los habitantes de nuestros territorios se vean reflejados en forma concreta y con poder de decisión en la normativa”.
Respecto a la voluntad política, aclaró que “ las recientes declaraciones y propuestas para formar una comisión muestran un reconocimiento político de la necesidad de actualizar el marco regulatorio. portuario. El sistema actual no responde plenamente a las nuevas demandas de las ciudades puerto, de los trabajadores, del medio ambiente, ni a la competitividad internacional. Sin embargo , este reconocimiento es un buen indicio de que hay voluntad de revisar la situación”.
Es importante, detalló que “más allá de buenas intenciones existan acciones concretas y reales ya que la normativa es un tema de suma relevancia para nuestros territorios. De esto , no solo nos debemos preocupar, también debemos ocuparnos porque la falta de un marco legal unificado genera discrepancias en cómo se desarrollan y operan los puertos en distintas ciudades lo que puede derivar en desigualdades y problemas en la planificación, la expansión y la competitividad”.
Una ley que unifique criterios, manifestó Caracciolo, permitiría: “Estándares claros y uniformes, claridad en las regulaciones, facilitar la integración de Chile en redes globales de comercio, resolución de conflictos y simplificación de trámites, y promover un desarrollo ordenado y planificado que considere establecer estándares ambientales comunes para todos como implementar mejores prácticas en gestión de residuos y emisiones, y proteger los ecosistemas costeros y marinos”.
Al contrario, dijo, “ un marco regulatorio fragmentado puede hacer que los puertos chilenos pierdan competitividad frente a otros países que ya han adoptado normativas unificadas y modernas. La ausencia de una ley unificada ha generado conflictos y dificultades en la relación entre el sector portuario, los municipios y las comunidades locales. Estos conflictos pueden retrasar proyectos y afectar tanto al desarrollo portuario como a las comunidades en convivencia, proyectos y conectividad».
Y subrayó que actualmente la realidad es que “ los municipios tienen una participación nula en las decisiones sobre los puertos, a pesar de que éstas generan un impacto directo en las ciudades y sus habitantes. Una Ley de Puertos nos entregaría a los municipios mayor control y voz, integración de las necesidades locales en la toma de decisiones, una gobernanza más justa y equilibrada en el mundo del trabajo portuario y la cadena logística representada por las y los trabajadores”.
