La investigación de la Dra. Sabah Zrari Djellid, presentada en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero, propone integrar la calidad de vida como eje central de la gobernanza puerto-ciudad.

Valparaíso. Los puertos de Valparaíso y San Antonio, que en conjunto movilizan más de un cuarto de la carga marítima de Chile, presentan una brecha creciente entre su desempeño logístico y la calidad de vida de las comunidades que los rodean, según el estudio de la Dra. Sabah Zrari Djellid, dado a conocer en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero.

El análisis concluyó que ambos terminales, pese a ubicarse entre los más eficientes de la región —San Antonio movió cerca de 23 millones de toneladas en 2024, siendo el principal puerto del país en volumen y valor de comercio, mientras Valparaíso alcanzó alrededor de 8,4 millones de toneladas el mismo año, consolidándose como un nodo clave para contenedores y exportaciones regionales—, no reflejan ese liderazgo logístico en los indicadores de calidad de vida ni en el bienestar de la comunidad.

De acuerdo con la investigación, persisten brechas estructurales en vivienda, áreas verdes, infraestructura de salud y movilidad entre ambas ciudades portuarias y sus comunas vecinas. La desigualdad también se refleja en el bienestar subjetivo de la población: la felicidad percibida en Valparaíso cayó de 85% en 2022 a 65% en 2024, mientras que en San Antonio se mantuvo relativamente estable, pasando de 76% a 75% en el mismo período, un dato que la autora vincula a la mayor cohesión cívica y densidad de organizaciones sociales de esa comuna.

Frente a este panorama, el capítulo 16 del libro Port Cities, Pollution, and Public Health: Environmental Health Issues from Shipping and Ports —incluido en la sección “Governance and Policies”, editado por Mariantonia Lo Prete y César Ducruet y publicado por Routledge en 2026— propone que la calidad de vida, entendida como un concepto que integra vivienda, salud, áreas verdes y seguridad, entre otras dimensiones, deje de ser una consecuencia secundaria del desarrollo portuario y se convierta en un eje central de su gobernanza.

La autora plantea incorporar indicadores de calidad de vida en los Consejos de Coordinación Ciudad–Puerto y vincularlos a mecanismos fiscales en discusión, como el denominado royalty portuario, de modo que la redistribución de recursos hacia los territorios premie mejoras medibles en el bienestar de sus habitantes. Esta es, precisamente, la situación en la que está trabajando la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero (ANCPCH), que busca una fórmula equitativa de redistribución de la riqueza generada por los puertos para que se traduzca en beneficios concretos para las ciudades.